Los concejales Gabriel Estoroni y Carlos Juncos presentaron en el HCD de San Isidro un pedido de información al Poder Ejecutivo sobre la situación que existe en el Municipio en cuanto a la fiscalización del tránsito y solicitaron un informe que incluya la vigencia y condiciones de los convenios con las empresas con las cuales el municipio encabezado por Gustavo Posse firmó contratos para la instalación de tecnología vial.

Los ediles recuerdan que “la inseguridad vial es, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de suerte en menores de 35 años en el mundo. Y que en la Argentina este fenómeno se reitera desde hace años, de acuerdo con lo informado por el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”. Y argumentan que “entre los principales factores de riesgo vial, el exceso de velocidad es la infracción que más consecuencias lesivas genera”.

En San Isidro, con la finalidad de controlar la velocidad y violación de semáforos en rojo, hay instalado un sistema de cámaras e equipamiento informático que se realizó en cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional, y con la ampliación de convenios similares, suscriptos durante el año 2020, con la Universidad de San Martín.

Para conocer el estado de este sistema, los concejales piden el detalle de “los ingresos, egresos, instrumentos contractuales y demás información que permita evaluar cómo ha funcionado el sistema de foto multas”.

Además, hacen hincapié en que el Concejo no “ha tomado conocimiento del convenio suscripto con la Universidad de San Martín, lo que habría correspondido conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal”.

Los concejales Estoroni y Juncos plantean que se encontraría vencido el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional y que el contrato firmado con la Universidad de San Martín tiene porcentuales de beneficios para el Municipio distintos a los que se venían percibiendo, lo que podría poner en riesgo o desventaja los intereses del Estado Municipal.

El pedido de informe indaga sobre la vigencia del convenio para el control electrónico de infracciones suscripto con la Universidad Tecnológica Nacional y pide que, en caso contrario, se informe de qué empresa u organización opera el sistema de fotomultas actualmente, qué Universidad forma parte del mismo y cuánto porcentaje neto percibe el municipio de San Isidro por el cobro de las infracciones en la actualidad.

Además, consultan si la Municipalidad ha sido informada del interés de la ANSV de realizar controles conjuntos sobre la Autopista Panamericana desde mediados del año 2020, ad referéndum de la firma de un acta acuerdo. Y, de estar vigente esa acta, si los controles se han efectivizado y, en caso contrario, el motivo de su no concreción.

Por último, los concejales también solicitan saber si los prestadores de los servicios que tiene contratados el Municipio para dar el servicio de foto multas, cumplen con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Estos requisitos son detallados en el decreto 1232/07 . 

LA EMPRESA CUESTIONADA

La empresa proveedora de cinemómetros y otros instrumentos de medición de velocidades en la provincia de Buenos Aires, Secutrans, obtuvo su certificación anual en el registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, informando como ubicación de su sede una casilla de correos.

Una casilla, la No 101, que se encuentra en la sede del Correo Argentino ubicado en el centro de la localidad de Quilmes, sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Con la dirección de un pequeño gabinete de madera obtuvo el instrumento público por el cual se garantiza que ese proveedor y sus  productos, cumplen con los requisitos de la normativa vigente en la materia de fotomultas y otros equipos fotográficos o no, fijos o móviles, cuya información no pueda ser alterada manualmente, de constatación de infracciones.

Con esa certificación  registrada en una casilla de correos  de difícil constatación de propietarios y usuarios, Secutrans firmó convenios en Escobar, Hurlingham,  Malvinas Argentinas, La Matanza y otros distritos.

Pero además, la empresa firma contratos varias veces millonarios con la rúbrica de un presidente designado por asamblea de socios, en abril de 2019,  que figura como monotributista ante la AFIP.

Leandro Camani, que suele usar vuelos privados en jet de gran potencia y se muestra en autos de alta gama, circulando por las autopistas a altas velocidades, figura ante el organismo de control tributario como un monotributista de categoría G.

Es decir que informa que sus ingresos anuales apenas superan los 2 millones de pesos. Según destaca el Banco Central de la República Argentina, en el registro de deudores sin riesgo, Camani gastó el último mes en sus tarjetas unos 880 mil pesos. Y da cuenta que durante los últimos meses su nivel de consumo es similar. Por lo que en dos meses habría gastado sus ingresos de todo el año.

La modalidad del uso de direcciones de difícil constatación ante eventuales requerimientos también es usual del presidente de la compañía. Meses atrás el Juzgado de Garantías nº 1 a cargo de la Dra. Laura Inés Elías, del Departamento Judicial Dolores, debía notificarle un diligenciamiento por una denuncia de Uso Documento Público Adulterado,  pero no pudo ser notificado. En la dirección que Camani informó ante el juzgado, no puedo ser localizado.

Los antecedentes en operaciones y actos irregulares se habrían iniciado en la participación de Camani en un resonante caso: La tragedia de Beara; la muerte de jóvenes  en un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este hecho fatal fue investigado por el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla, quien obtuvo la grabación de una serie de conversaciones en donde Camani se habría adjudicado ser el artífice de la habilitación ilegal de Beara, tal como lo expresa una nota del diario  La Nación del 10 de septiembre de 2018.

El dueño de Secutrans S.A. tiene además como antecedente el haber estado involucrado en el año 2011 es una red de “servicios” para dueños de boliches.

En esa oportunidad, se le allanó su domicilio y se le concedió la eximición de prisión a cambio de una caución de 250 mil pesos sobre sus bienes.